19 Dic «El Gobierno ¿nacional? socialista del siglo XXI», por Ibor Fernandes
El socio-abogado de Statera Legal Partners y doctor en Derecho Constitucional Ibor Fernandes publica en La Razón y en The Objective un artículo de opinión titulado ‘El Gobierno ¿nacional? socialista del siglo XXI’.
En su texto, Ibor Fernandes indica que «(…) muchos de los que esta semana se rasgan las vestiduras por que el Tribunal Constitucional intervenga en el marco del proceso legislativo, deberían quizá repasar la historia política del constitucionalismo, para entender por qué la soberanía del poder legislativo debe tener límites (también, si han estudiado Derecho, quizá podrían echar un ojo a su manual de Derecho Constitucional)».
El socio de Statera Legal Partnes precisa que «en el constitucionalismo moderno, la doctrina ha entendido imprescindible la inclusión de instituciones e instrumentos jurídicos que controlen el estricto cumplimiento de la constitución por todos los órganos del Estado. En el caso español, dicha competencia la ostenta el Tribunal Constitucional y, por supuesto, incluye velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, también en el ámbito del proceso legislativo». El también doctor en Derecho Constitucional advierte de que «de lo contrario, podría de facto vaciarse de contenido la Constitución, tramitarse una ley palmariamente inconstitucional, o ¿por qué no? silenciar a un diputado por que no nos guste lo que diga; si lo dice la mayoría, pues se le expulsa del hemiciclo y asunto resuelto».
Sobre el recurso de amparo planteado por el Grupo Parlamentario Popular la semana pasada, Ibor Fernandes indica que «lo cierto es que el recurso de amparo parlamentario es un instrumento procesal para la defensa de los derechos fundamentales previsto en el ordenamiento jurídico, de hecho, su planteamiento es usual».
El socio-abogado de Statera Legal Partners concluye apuntando que » independientemente de lo que este lunes (19 de diciembre de 2022) se decida, afortunadamente, en nuestro Estado de Derecho el Parlamento seguirá sometido a la Constitución y a la revisión por el Tribunal Constitucional de sus actos, circunstancia que nos aleja de un modelo, como el que imperaba en el constitucionalismo liberal de principios del siglo pasado, aunque algunos actores políticos, con poca «memoria democrática», al parecer, lo añoran».
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